La Coalición contra la
Impunidad, a la opinión pública nacional e internacional manifiesta
lo siguiente:
- El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas examinó el segundo informe periódico de Honduras en sus sesiones 3378ª y 3379ª, celebradas los días 5 y 6 de julio de 2017 en Ginebra y en fecha 24 de julio del mismo año, aprobó sus observaciones finales sobre este examen, que fueron dadas a conocer públicamente el día 27 de julio.
- En el marco de este examen, el día 6 de julio el gobierno de la República publicó un comunicado descalificando a personas y organizaciones de sociedad civil que aportaron información al Comité sobre la real situación de derechos humanos en nuestro país, calificándolos de “malos hondureños” y acusándolos de “llevar informaciones falsas o tergiversadas para dañar el país con aviesos intereses particulares”. Este comunicado fue acompañado de declaraciones públicas del ministro de la Presidencia quien expresó que “el Estado hondureño obtuvo una sobresaliente calificación, según lo dejaron establecido los expertos en el tema de derechos humanos de este organismo internacional”
- No es la primera vez que altas autoridades gubernamentales descalifican y estigmatizan la labor de contribuir aportando información a los órganos de tratados y mecanismos especiales de Naciones Unidas, realizada desde las organizaciones que integramos la Coalición contra la Impunidad, ni tampoco es la primera vez que pretenden confundir a la opinión pública haciendo declaraciones falsas ante medios de comunicación en el sentido de que han obtenido calificaciones sobresalientes en estos exámenes.
- Resulta claro que tanto la descalificación del trabajo de defensoras y defensores de derechos humanos en estos espacios, así como la manipulación mediática para hacer creer que los “han felicitado” por su participación y transparencia, constituyen esfuerzos desesperados por ocultar que estos organismos internacionales de derechos humanos tienen información clara y objetiva de la grave situación de violaciones a los derechos humanos que enfrentamos en nuestro país y de la responsabilidad directa de las actuales autoridades en las mismas.
- El Comité en sus observaciones finales ha recomendado al Estado “adoptar todas las medidas necesarias que han contribuido a la labor del Comité y a cesar todo tipo de declaración descalificatoria en su contra por parte de representantes estatales. Asimismo, el Estado parte debería también informar al Comité sobre las medidas adoptadas a este respecto”
- Para constatar fehacientemente que el Estado de Honduras no ha sido calificado como sobresaliente, basta remitirse a las observaciones finales divulgadas el pasado 27 de julio en las que el Comité de Derechos Humanos expresa sus motivos de preocupación y realiza recomendaciones que evidencian la gravedad de las violaciones a derechos humanos que enfrentamos y la carencia de esfuerzos reales desde el Estado para enfrentar esta problemática.
- El Comité en sus observaciones resalta entre otros los siguientes aspectos:
Violencia contra la Mujer.
Expresa su preocupación “por las elevadas tasas de violencia
contra la mujer, incluyendo la violencia doméstica, y en particular
por los centenares de muertes anuales por feminicidio; así como la
violencia contra las personas trabajadores del sexo”. Recomienda
mayor protección, una ley integral contra la violencia hacia las
mujeres y mejorar los procesos de investigación, enjuiciamiento y
sanción de los responsables.
Interrupción voluntaria
del embarazo y derechos reproductivos.
El Comité recomienda que el Estado debe “asegurar el acceso a un
aborto legal y seguro incluyendo los casos de amenaza a la vida o a
la salud de la mujer, violación o incesto, y de feto inviable debido
a anomalía, y considerar la descriminalización del aborto. El
Estado parte debería eliminar la prohibición de la píldora
anticonceptiva de emergencia”
Derecho a la vida y la
seguridad personal.
El Comité expresa que, a pesar de la reducción en la tasa de
homicidio, aún están son extremadamente altas y resalta los ataques
a la integridad física y contra la propiedad, reclutamiento de niños
por las masas y las altas tasas de impunidad respecto a este tipo de
crímenes. Asimismo, expresa su preocupación por la militarización
de la seguridad pública y la insuficiente regulación y control
sobre las empresas de seguridad privadas.
Ejecuciones
extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura.
Al Comité le preocupan las prácticas de “limpieza social” que
implican a las fuerzas de seguridad; el alto número de
desapariciones forzadas sin esclarecer y la impunidad de esos
presuntos crímenes. Asimismo, “está preocupado por las denuncias
e informaciones de tortura, malos tratos y uso excesivo de la fuerza
por parte de los cuerpos de policía, fuerzas armadas y otros
funcionarios públicos”
No discriminación a
personas LGBTI. El
Comité está preocupado por la discriminación que sufren las
personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales
(LGBTI) y recomienda al Estado que asegure el pleno reconocimiento de
la igualdad de las parejas del mismo sexo y de la identidad de las
personas transgénero y la protección plena contra los delitos de
odio hacia las personas LGBTI.
Libertad de expresión,
asociación y violencia contra defensores de derechos humanos.
El Comité expresa su extrema preocupación los actos de violencia e
intimidación y por los asesinatos en contra de defensores de
derechos humanos, periodistas, sindicalistas, activistas
medioambientales, indígenas y LGBTI, entre otros, cometidos por
agentes del Estado, en un contexto de impunidad, como el asesinato de
Berta Cáceres. También le preocupa la utilización de figuras
penales en su contra y la continua estigmatización por parte de
autoridades de gobierno. Se refiere específicamente a la condena de
tres estudiantes universitarios y las críticas injustificadas
recibidas contra la Oficina del Alto. Lamenta la insuficiente
implementación de la Ley de Protección.
- De igual manera se refiere a otros temas graves como ser: la falta de igualdad de derechos entre hombres y mujeres en cuanto a la participación en la vida política; los desplazados internos debido a la situación de violencia y vulnerabilidad; la falta de acceso a la justicia; la ausencia de una protección para garantizar la independencia e imparcialidad del Poder Judicial; la falta de combate a las formas contemporáneas de esclavitud, trabajo forzoso y trata de personas en los sectores maquileros, servicio doméstico y pesca mediante buceo; las personas privadas de libertad y la necesidad de mejorar las condiciones de su detención y reclusión; el control de las comunicaciones privadas mediante la frecuente aplicación de la Ley Especial sobre Intervención de las Comunicaciones Privadas sin la debida supervisión; el hecho de que el Presidente se presente a la reelección a pesar de que la Constitución no lo permite; y la posibilidad de que se apruebe una Ley de Consulta que no se adecue a los estándares internacionales relativos a los derechos de los pueblos indígenas.
- Estas observaciones y recomendaciones vienen a unirse a muchas otras que se han realizado desde diferentes comités y relatorías del sistema de Naciones Unidas y desde el Sistema Interamericano, sin embargo, el Estado de Honduras hace caso omiso a las mismas y continúa con su política de violación a derechos humanos y de impunidad ante esas violaciones, por lo que como organizaciones defensoras de derechos humanos continuaremos exigiendo al Estado que cumpla con sus obligaciones internacionales y además constitucionales, en materia de protección, promoción y defensa de derechos humanos
2 de agosto de 2017.
COALICION CONTRA LA
IMPUNIDAD