Por medio de la presente, nosotras, consejeras y consejero por
organizaciones de derechos humanos ante el Mecanismo Nacional de la Ley
de Protección a Defensores/as, comunicadores, periodistas y operadores
de justicia en relación a la convocatoria girada el 10 de mayo para
atender una reunión el día 14 de mayo en Casa Presidencial, manifestamos
lo siguiente:
1) Creemos que convocar a una reunión para
intercambiar impresiones sobre los retos logros y desafíos del sistema
de protección con el ciudadano Juan Orlando Hernández es un grave
desacierto justo cuando hemos emitido nuestras impresiones en varios
eventos a nivel nacional e internacional y hemos demandado
constantemente como primer punto para cualquier interlocución el cese de
las agresiones a personas defensoras, así como del uso indeterminado de
la fuerza por parte de la Policía Nacional, como de la Policía Militar.
Pese a ello, estos ataques se siguen dando, siendo el más reciente la
represión y agresiones a manifestantes que de forma pacífica se
encontraban conmemorando en las calles, el 1º de mayo, día del trabajo.
2) Según informes nacionales e incluso el ultimo informe del Alto
Comisionado para los derechos humanos en Honduras, más de 30 personas
fueron asesinadas y un gran número de personas resultaron lesionadas
como parte de la crisis post electoral sin que hasta la fecha se haya
llevado a cabo una investigación de los hechos. La gran mayoría de las
agresiones fueron perpetradas de acuerdo a testimonios por la Policía
Militar y Policía Nacional, sin que hasta la fecha observemos voluntad
política para castigar estas graves violaciones a los derechos humanos.
El informe del Relator para las personas defensoras de derechos humanos,
expresa su preocupación a este respecto en su ultimo informe sobre la
situación de defensores/as en Honduras. (Pg 13 y 14)
3) La
investigación criminal es casi inexistente en los crímenes contra
defensores/as, contando con un Ministerio Público inactivo y con poca
representación aun en las reuniones de Consejo. Somos conocedores de la
próxima apertura de una Fiscalía o Unidad de investigación para las
personas defensoras, pero tenemos poca confianza en su accionar, ya que
experiencias pasadas como la creación e instalación de la Fiscalía de
Derechos Humanos o de la Fiscalía de la Mujer, así como el incremento de
presupuesto a esas instancias e incluso a la Unidad Especial de Delitos
contra la vida, demandas que han sido realizadas por parte de nuestras
organizaciones, han tenido un mínimo impacto en la investigación de los
crímenes, así como en el índice de resolución de casos, que quedan en su
mayoría, en la impunidad. No estamos dispuestos a seguir apostando
creación de unidades nuevas e incremento de presupuestos a instancias
que no responden con la celeridad, prontitud y los resultados esperados
por las víctimas.
4) Los altos mandos policiales que torturaron a
4 defensores/as gozan de total impunidad y tienen una estrategia de
terror contra las víctimas. No sabemos de ninguna acción contra estos
agresores. Paralelamente al juicio contra ellos se han observado las
manos de una justicia que se pone guantes de seda para castigar crímenes
cometidos por estos funcionarios policiales y militares, más sin
embargo se muestran prestos para reprimir, detener y criminalizar a la
población en general y las personas defensoras de derechos humanos en
particular.
5) Son muchos los compañeros y compañeras que han
tenido que exiliarse debido a los ataques y persecución sistemática en
su contra, sin que hasta la fecha hayan condiciones de seguridad para
garantizar su regreso y mucho menos se haya priorizado este tema a nivel
de Estado. Los discursos estigmatizantes por parte de autoridades de
Gobierno se siguen dando sin que se muestre una clara actitud de cambio
de estos patrones.
6) La militarización de algunas comunidades
por conflictos medioambientales (Pajuiles, Aguán, Santa Bárbara) afecta
no solo a las personas defensoras, si no a toda la población que se
encuentra defendiendo sus recursos en una lucha desleal contra empresas
extractivas y/o transnacionales, teniendo como consecuencia de esta
militarización, represiones continuas, asesinatos y desplazamiento
forzado de personas que tienen que huir para salvar su vida. Esta
situación no puede seguirse dando en un Estado de derecho, respetuoso de
los derechos humanos de su ciudadanía.
7) Aclaramos que no
respondemos a ningún interés político partidario, como tampoco somos
parte de ninguna campaña de desprestigio en ningún sentido. Nuestra
actitud crítica y largamente razonada es únicamente en calidad de
organizaciones de sociedad civil, representando a una amplia población
de personas defensoras de derechos humanos a lo largo del territorio
nacional.
Por lo anteriormente expuesto como representantes de la
comunidad de defensores y defensoras de DDHH, ante esta reunión del 14
de mayo demandamos como puntos esenciales para cualquier inicio de
diálogo o interlocución con el Ejecutivo, lo siguiente:
a) El
compromiso estatal y del Poder Ejecutivo en particular del cese de la
represión contra las manifestaciones pacíficas, así como a la
persecución, criminalización, judicialización y estigmatización de las
personas defensoras de derechos humanos a nivel nacional.
b)
Investigación pronta y efectiva de los ataques a la población como
resultado de la crisis post electoral. Esta investigación deberá hacerse
por una Comisión independiente de expertos/as tanto a nivel nacional e
internacional, cuyos resultados sean vinculantes para la toma de
decisiones a los entes y personas responsables de los hechos.
c)
En caso de darse la apertura de la Fiscalía para personas defensoras de
derechos humanos exigimos que las personas a cargo de la misma sean de
reconocida honorabilidad y con un alto grado de compromiso con la
defensa de los derechos humanos en Honduras. Del mismo modo, conocer la
etiquetación de los gastos de dicha Fiscalía para conocer a que rubros
se destinará el presupuesto asignado a la misma, esperando que la mayor
parte sea para la investigación de los casos y no para la contratación
de más personal que poco o nada abona en la reducción de los índices de
impunidad.
d) Acciones contundentes contra los violadores de
derechos humanos, incluyendo a los perpetradores del ataque de Carlos
del Cid, Hedme Castro y Tommy Morales, así como los casos de otros
defensores/as que contemplen penalización de los responsables para
garantizar el compromiso de la lucha contra la impunidad y la no
repetición de los hechos.
e) Acciones efectivas para la
desmilitarización de las comunidades que luchan por la defensa de sus
derechos medio ambientales, así como medidas para garantizar que se
creen mesas de alto nivel encaminadas a dar garantías a las personas
defensoras en el ejercicio de su labor y de forma general a todas las
comunidades.
f) Por ultimo, hacemos nuestra la declaración del
relator Michael Forst: “…Preocupa enormemente el creciente número de
actos de intimidación y represalias contra los defensores y defensoras
de derechos humanos en relación con participación en las Naciones Unidas
y sus mecanismos de derechos humanos o en organizaciones regionales de
derechos humanos. Estas represalias adoptan la forma de campañas de
difamación, acoso, intimidación, amenazas, ataques físicos y asesinatos.
Debemos poner fin urgentemente a las represalias contra los defensores y
defensoras de derechos humanos”
Dado en la ciudad de Tegucigalpa a los 14 días del mes de mayo de 2018
